-Estas actividades, enmarcadas en una campaña que tendrá lugar este mes de marzo en 20 ciudades españolas, buscan denunciar la violencia sexual que sufren mujeres de países como Colombia, la República Democrática del Congo y México
-Amnistía Internacional exige a los gobiernos de Colombia y RCD “que dejen de utilizar los conflictos como coartada para no rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”
-Este jueves 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer
El Grupo Local de Amnistía Internacional de Alcalá de Henares ha organizado para este domingo 11 de marzo una obra de teatro titulada 'Mujeres de arena' en el teatro La Galera de Alcalá de Henares y un coloquio para denunciar la violencia sexual que sufren las mujeres en países como Colombia y la República Democrática del Congo (RCD) y la desaparición de mujeres y crímenes contra este colectivo en México, con motivo de la celebración, este jueves día 8, del Día Internacional de la Mujer.
Según informa AI de la ciudad complutense en un comunicado, en esta representación teatral que comenzará a las 19.00 horas se abordan los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez (México). Así, detalla que tanto la obra de teatro –con la que colabora el taller de teatro alcalaíno Maru-jasp-- como el coloquio se enmarcan en una campaña más amplia que se desarrollará a lo largo del mes de marzo con el objetivo de “denunciar y pedir justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco de un conflicto armado”. La obra de teatro tiene entrada libre hasta completar aforo para los mayores de 18 años. El evento cuenta con la colaboración de la Universidad de Alcalá de Henares.
Tal y como denuncia la sección Española de AI, “dos países tan distantes Madrid.- Dos países tan distantes como Colombia y la República Democrática del Congo (RDC) comparten sin embargo un problema endémico: la violencia sexual contra las mujeres en el marco de un largo conflicto armado”. Ante esta situación, lamenta que la respuesta de la Justicia “es la misma: darles la espalda a las víctimas”. Para denunciarlo, activistas de Amnistía Internacional han organizado acciones durante el mes de marzo en más de 20 ciudades españolas.
La rama española de la organización pro-derechos humanos critica en otro comunicado, en el que califica a la Justicia de “inoperante”, que Naciones Unidas (ONU) concluía en un informe publicado en 2010 que el sistema judicial de la RCD “no dispone de capacidad para hacer frente a los numerosos crímenes de derecho internacional registrados dentro de sus fronteras, debido a deficiencias estructurales como la corrupción endémica, la injerencia de las autoridades políticas y militares en la justicia o los muy limitados recursos con los que cuenta”.
AI denuncia la impunidad de estos crímenes y también se refiere a la condena el año pasado de un teniente coronel congoleño, Kibibi Mutware, a 20 años de prisión por ordenar un ataque contra el pueblo de Fizi (en la provincia de Sud-Kivu) en el que fueron violadas 35 mujeres. En este sentido, defiende que esta sentencia “es un paso en la dirección correcta”, pero añade que si se quiere que dicha condena tenga consecuencias positivas en la lucha contra la impunidad, “las autoridades deben implantar inmediatamente mecanismos de protección para testigos y víctimas, entre otras muchas medidas”.
Cartel de la obra de teatro 'Mujeres de arena'. Fuente: Grupo Local de Alcalá de Henares de Amnistía Internacional
15.000 VIOLACIONES EN LA RCD EN EL AÑO 2009
“En la República Democrática del Congo, la violencia sexual y de género la perpetran tanto grupos armados como las fuerzas de seguridad. En 2009, hubo al menos 15.000 violaciones en el país, según la ONU”, apunta AI, que al mismo tiempo pide a la ONU que adopte “medidas eficaces para proteger a la población civil de los ataques que están sufriendo, en algunas ocasiones a escasos kilómetros de su base”. En el caso de Colombia, agrega, “ni siquiera se han podido contabilizar los casos, aunque se sabe que más del 80% de las mujeres que sufrieron violencia sexual relacionada con el conflicto en 2010 no denunciaron la agresión”.
“En Colombia, aunque el sistema judicial formalmente protege a las mujeres de la violencia sexual asociada al conflicto, en la práctica estos delitos quedan impunes en gran medida por falta de voluntad política para atajar una actuación que tiene múltiples objetivos: vengarse de los adversarios a través de la humillación de las mujeres, sembrar el terror en las comunidades para facilitar la imposición del control militar u obligar a familias enteras a huir de sus casas y permitir así la apropiación de sus tierras”, relata.
Igualmente, la organización también facilita los testimonios --los define como “terribles”-- de varias mujeres utilizadas como armas de guerra aprovechándose, denuncia a continuación, “de su miedo y de su y de su necesidad, tanto por la guerrilla de las FARC como por los supuestamente desmovilizados paramilitares y por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado”. Los relatos, de mujeres como Angélica, las adolescentes Clara y Lisbeth, las cuatro hermanas Galárraga o la joven de 17 años Shirley (casi todos son nombres ficticios), son algunos de ellos.
La situación en el Congo denunciada por AI, que señala que en muchos casos se desconoce el nombre de las víctimas, es de “violaciones en masa”, y pone como ejemplo la violación de más de 300 mujeres, hombres, niños y niñas en el asalto de Walikale (2010) “a manos de hombres armados con granadas, pistolas y machetes. “En 2011, en dos ataques distintos en Kivu Meridional, miembros del ejército violaron a 135 mujeres”, apunta. Al mismo tiempo, AI da voz a Paul, una persona de la localidad de Massi, que afirma que “cuando en las casas no hay nada de valor, se llevan a las mujeres”, en lo que para la organización supone la confirmación de “que el ejército congoleño comete abusos sistemáticos contra el pueblo que tendría que defender”.
Finalmente, ante esta situación en estos países, Amnistía Internacional “exige a los gobiernos de Colombia y RDC que dejen de utilizar los conflictos como coartada para no rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”. “Los gobiernos de estos países deben asegurar a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación y sobre todo, deben dejar de defraudarlas, llevando por fin ante la justicia a quienes han cometido graves delitos contra ellas”, concluye.
